La reforma menciona que se convocará a las empresas aseguradoras para que oferten la venta de pólizas de seguros cuyo costo para el propietario del vehículo no exceda de los 15 salarios mínimos y que ampare gastos por daños a terceros hasta por 4,350 salarios.

Esto significa que el propietario tendría que pagar por año 897 pesos con 30 centavos por este seguro y tener derecho a que le cubran daños hasta por 260 mil pesos.

La reforma debe entrar en vigor el primero de enero del 2012. Obliga al 100 por ciento de los propietarios de vehículos a adquirirla al momento de dar de alta un auto o revalidar la tarjeta de circulación. Se establecen sanciones a quien no la tenga vigente. Si se le requiere por primera vez y no la tiene, no habrá multa, pero se le obligará a que cubra la póliza de inmediato.

La iniciativa fue presentada desde el siete de diciembre del 2010 por el diputado del PEBC Marco Antonio Vizcarra Calderón, la que se sumaron los diputados del PRI Julio Felipe García Muñoz, Juan Baustista Montejano de la Torre, Laurencio Dado Alatorre, David Jorge Lozano Pérez, Juan Vargas Rodríguez, Carlos Murguía Mejía y Nancy Sánchez Arredondo, además de Víctor Navarro del PVEM y los panistas María del Rosario Rodríguez Rubio, Ricardo Magaña Mosqueda, Rubén Alanis Quintero, Gustavo Magallanes y José Máximo García López.

El dictamen fue procesado y aprobado primero en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que preside el diputado Gregorio Barreto Luna.

En la exposición de motivos de la propuesta se menciona que las actividades cuya realización conllevan un riesgo para terceros, deben realizarse bajo condiciones que permitan, en el supuesto de acontecer algún incidente, garantizarles su derecho al pago de una indemnización por los daños ocasionados a su persona o bienes materiales.

Manejar un vehículo de motor, es el más claro ejemplo de ello y por lo tanto, una actividad que no debe quedar al margen de medidas que permitan a los responsables, en caso de un accidente, dar de manera inmediata y satisfactoria una respuesta puntual de su conducta.

Se agrega que la implementación obligatoria de un seguro de responsabilidad

civil tiene su justificación y es una exigencia natural ante la cantidad de vehículos en el Estado y su constante circulación, haciendo énfasis que los vehículos de servicio particular ascienden a la cantidad de 1 millón 102 mil 631, más la correspondiente al transporte destinado al servicio público tanto local como federal, así como también los vehículos de procedencia de otros estados de la República y extranjeros.

Esto trae como consecuencia una evidente aglomeración y dinámica automovilística en las calles, que incrementan las probabilidades de sufrir un siniestro vial.

Se destaca que un aspecto central de la propuesta legislativa, gira en torno a la persona que reciente las consecuencias de un accidente, pues es una preocupación y exigencia social, que en caso de originarse daños materiales, lesiones o incluso hasta el deceso de una persona, las víctimas tengan derecho a una indemnización, y que ésta sea debidamente garantizada y fácil de hacer efectiva, siendo una manera de lograrlo, a través de la incorporación obligatoria del seguro de responsabilidad civil a nuestro marco jurídico, toda vez que con dicha medida se resolvería en gran parte la problemática de la insolvencia o en su caso, la solvencia limitada del responsable. (idv)